Los derechos humanos como política del Estado argentino constituyen uno de los pilares fundamentales de la política exterior argentina desde el regreso de la democracia. La promoción y protección de los derechos humanos es transversal a todas las políticas públicas y recoge las principales preocupaciones de la sociedad argentina. Es por ello que su defensa e impulso constituyen ejes centrales de la política exterior de nuestro país.

El liderazgo de nuestro país a nivel regional e internacional se ve reflejado en numerosas iniciativas, con contribuciones trascendentales para el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

A casi 40 años del fin de unas de las dictaduras más sangrientas de la historia del Cono Sur, la Argentina continúa con la tarea de fortalecer diferentes aspectos de su política de derechos humanos con importantes logros y  desafíos, que son el motor del debate y la propuesta de nuevas miradas para mayores garantías e inclusión de todas las personas.

El pilar fundamental para la construcción de la agenda actual en derechos humanos en la Argentina ha sido la erradicación de la impunidad de los crímenes contra la humanidad perpetrados durante el terrorismo de Estado. Este proceso comenzó a través de una acción sin precedentes en el mundo, que fue y es aún aclamada por la comunidad internacional y el movimiento de derechos humanos: a partir del año 2005 se reabrieron cientos de causas judiciales en todo el país por las que, a agosto de 2020, más de 900 personas fueron condenadas por delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar y  más de 600 se encuentran procesadas, todas bajo estrictas garantías del debido proceso y en el marco de juicios en tribunales ordinarios.