La República Dominicana es una democracia constitucional representativa. En julio, el candidato Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, fue elegido presidente para un mandato de cuatro años. Observadores externos imparciales consideraron que las elecciones fueron, en general, libres, justas y ordenadas.
La Policía Nacional es un organismo dependiente del ministro del Interior y Policía y, en la práctica, se reporta al presidente. La Autoridad de Seguridad Aeroportuaria, la Autoridad de Seguridad Portuaria, el Cuerpo de Seguridad Turística y el Cuerpo de Seguridad Fronteriza tienen algunas responsabilidades de seguridad interna y dependen del Ministerio de Defensa y, a través de éste, del presidente.
La Dirección Nacional de Control de Drogas, que cuenta con personal tanto de la policía como de las fuerzas armadas, depende directamente del presidente, al igual que el Departamento Nacional de Inteligencia. Tanto la Dirección Nacional de Control de Drogas como el Departamento Nacional de Inteligencia tienen importantes responsabilidades de seguridad interna. En general, las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Miembros de las fuerzas de seguridad cometieron ciertos abusos.
Entre los problemas de derechos humanos más importantes se encuentran: denuncias de asesinatos ilegales o arbitrarios por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno; tortura por parte de la
policía y otros agentes del gobierno; condiciones penitenciarias severas y que ponen en peligro la vida; detenciones arbitrarias; problemas graves con la independencia del poder judicial; injerencia arbitraria en la vida privada; difamación penal de periodistas individuales; corrupción grave del gobierno; tráfico de personas; y violencia policial contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales.